Por Manuel Ayala / Fotos: Joebeth Terríquez

“¿Qué más puede hacer uno cuando te matan a tu padre y al papá de uno de tus hijos,  cuando te han secuestrado a un hermano, cuando ves cómo han desaparecido a dos niñitas que eran tus vecinas y cómo a otro jovencito lo descuartizaron y lo dejaron en un tambo? ¿Qué más se puede hacer con todo esto, sabiendo que tus hijos están expuestos a que les suceda lo mismo?”.

Fue la contundente y desgarradora respuesta que me dio Lesly –de quien se omite su nombre real- el día que, sentado a su lado en el albergue Juventud 2000, ubicado en la Zona Norte de Tijuana, le pregunté por qué había decidido emigrar a esta ciudad fronteriza y dejar atrás a su natal Apatzingán, Michoacán, donde prácticamente había desarrollado toda su vida.

“¿Dime tú, qué harías en mi caso?”, todavía remató con una mirada penetrante y sus ojos cristalinos a punto de soltar el llanto mientras abrazaba a Luisito, el más pequeño de los cuatro hijos que le acompañan en este viaje.

Así como ella, son cientos los michoacanos que desde inicios de este 2018 han estado abandonando sus lugares de origen para llegar a Tijuana, con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos.

Los motivos son varios, pero hay uno muy claro que se evidencia en los rostros de terror que carga cada uno de ellos, propiciado por la ola de violencia que está generado el crimen organizado –principalmente- en la zona de Tierra Caliente, región que ha sido artífice para grupos del crimen organizado como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, entre otros.

Leslye tiene 29 años, sus cuatro hijos están entrando a la adolescencia y me dice que desde hace un año ya tenía planeado venirse a Tijuana, porque “allá la situación con la delincuencia está muy fea y agarran parejo hasta con personas que no la deben”.

Aspecto de las instalaciones de la garita El Chaparral en agosto pasado.

Me platica que a su papá lo mataron hace casi 10 años, cuando “todo se empezó a poner muy feo” luego de que inició la “Guerra contra el narco”, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, nuestro paisano, que dejó más de 250 mil personas asesinadas en todo el territorio mexicano.

A él le querían quitar las tierras que le había heredado su padre, abuelo de Leslye, para sembrar marihuana, “así tal cual se lo dijeron”, y ante la resistencia “le terminaron dando un tiro en la cabeza”.

Hace cuatro años, también mataron al papá de uno de sus hijos porque se negó “a pagar la cuota”; le pedían 10 mil pesos cada semana por brindarle “protección” debido a que tenían juntos una tienda de abarrotes.

“Con el tiempo ya no podíamos ni pagarnos la comida por juntar para dárselo a ‘ellos’, mi ex esposo quiso negociar pero al final lo ‘levantaron’, estuvo varios días desaparecido y después lo encontraron en una de las salidas de la ciudad con varias muestras de haber sido torturado”, me dice como queriendo encontrar las imágenes en el cielo.

Por si fuera poco, el año pasado le secuestraron a uno de sus hermanos. Varios días después de haber estado cautivo lo liberaron, luego que su madre pagó casi 180 mil pesos que juntó gracias a que tíos y otros familiares cooperaron para su rescate. Después de esa situación, me dijo, ya nada volvió a ser lo mismo porque, “la incertidumbre, el miedo y el terror” se apoderaron de ella.

“Sentía que ya era muy arriesgado seguir en casa, empecé a ver que las cosas cada vez estaban peor y pensé en mis hijos, que algo les podía pasar a ellos, por eso decidí venirme… todavía cuando llegué acá y que me comuniqué con mi madre, me enteré que unas vecinas, muchachitas de 13 y 15 años, las habían matado, eran estudiantes y bien portadas como para que les hicieran eso”, compartió un tanto afligida.

Joven comunicándose con su familia, mientras espera la atención de las autoridades del INM.

Para llegar a Tijuana, Leslye tuvo que pedir apoyo económico a un hermano y una tía, ambos radican en Estados Unidos.

Le prometieron que una vez que pudiera ingresar al país vecino se harían cargo de ellos y los recibirían en su casa, pero para ello, primero tendrán que aguardar algunos días en el albergue en el que nos encontramos, debido a que son más de mil 800 las personas que están en “lista de espera” para poder ingresar y entregarse a las autoridades norteamericanas.

Desde junio pasado, no solo michoacanos sino también personas procedentes de Guerrero y países de Centroamérica han estado llegando de manera constante para tratar de solicitar asilo; los migrantes que están llegando se aglomeran y pernoctan a la intemperie en las inmediaciones de la garita de El Chaparral, otros tantos se van a los albergues.

Ante la poca apertura del gobierno estadunidense para recibirlos, sobre todo desde la llegada de Donald Trump y su política de “cero tolerancia”, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) han estado realizando listas para que cada día de forma ordenada ingrese una cantidad de personas.

Leslye tiene el número 461, de la lista de más de mil 800 que se juntaron en las recientes semanas –y que se juntan todos los días- por lo que tendrá que esperar su turno.

Ella lo sabe, y tiene muy presente que si tiene “suerte” podrá exponer su caso ante las autoridades migratorias de Estados Unidos, si no, será deportada inmediatamente a su lugar de origen, debido a que las probabilidades de asilo para mexicanos en el país de las barras y las estrellas se reduce a un 3%.

La mayoría de los michoacanos han llegado casi de manera silenciosa, orillados por la violencia.

Sin embargo, ella guarda paciente y con la esperanza de que le toque pronto su turno, porque quiere encontrar una mejor vida para ella y sus hijos; “es en lo que me he enfocado, en darles un mejor futuro, que puedan tener un bienestar alejados de toda esa violencia que se vive allá (en Michoacán)”.

Además es paciente porque sabe que a pesar de las nulas posibilidades, le pueden dar el asilo, como a su tía, de quien asegura entró así hace un año debido a que a ella también le mataron a su esposo.

“A mi tío lo mataron de una forma muy cruel que ni te lo quiero contar todo, lo hicieron pedacitos todavía estando vivo, le fueron a dejar los pedazos del cuerpo a la casa de mi tía y todavía a ella la golpearon varias veces, la tenían amenazada”, me dijo.

A pesar del entusiasmo que suelen mostrar los migrantes michoacanos que llegan a esta frontera, las autoridades migratorias mexicanas no ven esta situación con mucha alegoría, y aunque saben que “la realidad”, una vez ingresando a la garita, es totalmente diferente a lo que se ha dicho, no se atreven a pedirles que desistan de lo que están haciendo porque a final de cuentas “son sus sueños”.

Lo que sí han hecho de manera constante, me comparte César Palencia, director de Atención al Migrante Municipal, es alertar junto con las autoridades michoacanas sobre una nueva modalidad para lucrar con ellos.

Esta nueva forma la están llevando a cabo falsos licenciados, funcionarios públicos de sus lugares de origen y hasta ‘coyotes’, quienes les ofrecen traerlos hasta Tijuana con la falsa idea de que ellos se encargarán de que les den el asilo de manera fácil y rápida, a cambio de una cantidad considerable de dinero.

Familias acampando en la banqueta de la garita de El Chaparral.

Sin embargo, una vez que llegan a esta ciudad los abandonan y no vuelven a saber más, como le sucedió a Jorge –de quien se omite su nombre real-, originario de Nueva Italia, que llegó en julio pasado a Tijuana después de haberle pagado a un licenciado y lo terminó dejando en la garita, desde entonces está en la ciudad sin poder cruzar todavía.

Él me compartió que decidió salir de su pueblo porque unos meses después de que comenzó la “Guerra contra el narco”, le mataron a su padre “por no dejarle a la maña un rancho pequeño que él tenía”.

A su padre lo terminaron metiendo en un tambo y le prendieron fuego, me dijo, y su terror se incrementó “hace unos meses”, cuando también le mataron a su mejor amigo “a tablazos” por “no pagar cobro de piso”.

Desesperado y con la responsabilidad de dos hijos de 8 y 10 años de edad, buscó alternativas para salir de ahí. Pensó en resguardarse en otra entidad federativa o contratar un “coyote” para cruzar hacia Estados Unidos, pero terminó aceptando la oferta de un supuesto abogado que le prometió encontrar asilo político en el país vecino.

Pagó 45 mil pesos al “abogado” por unos papeles que le entregó y salió rumbo a Tijuana con sus dos hijos y esposa.

A la frontera llegó el viernes 13 de julio y se encontró con otro “abogado” a quien le pagó 25 mil pesos por una supuesta “orientación” que le daría para presentar argumentos a la hora del juicio, pero solo les dijo que se anotaran en una lista que entregó a otra persona en El Chaparral y se fue. Ya no supieron más.

Al fondo un guardia de seguridad que, según migrantes, les cobra para que pasen a pedir asilo.

José Luis Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante en Michoacán, me comparte que tiene identificados los casos de abogados que han lucrado con los connacionales y ha detectado a funcionarios de ayuntamientos que han participado “recomendando” la idea de solicitar asilo, expidiendo cartas y certificados que “avalan” la situación de “perseguidos”.

Lo que considera como “muy grave” porque tanto a Michoacán como a Tijuana les genera una problemática mayor con el tema de las deportaciones, al incrementarse estas y requerir de mayor cooperación y recursos para atenderlos.

“Hemos iniciado pláticas con los presidentes municipales, para que su síndico, secretario y directores municipales de atención al migrante tomen estas cosas con mucha seriedad, porque además no es su atribución ni incumbencia; crean muchas falsas expectativas en las personas”, dijo.

Tras el primer arribo de haitianos a Tijuana en mayo de 2016, quienes solicitaron asilo político a Estados Unidos, ha sido constante la llegada de mexicanos a la frontera con la misma intención.

Para José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, lugar donde permanece Leslye, el flujo migratorio de estos centroamericanos sentó un precedente también en los connacionales, quienes han visto en la petición de asilo una forma “legal y más segura” de ingresar a la Unión Americana.

“Es una forma en que ya no se corre el riesgo de perder la vida tratando de cruzar el cerro o el desierto, incluso de ser secuestrados”, ponderó.

Una prostituta, un indigente y un grupo de haitianos en el Chaparral, junto a los mexicanos.

Esta noción generó un considerable incremento de migrantes mexicanos desde entonces, que se agravó en mayo del presente año; más de 2 mil 500 –la gran mayoría mujeres con niños- se registraron tan solo en ese mes.

Para solventar esa situación, con los listados el INM lleva un control y cada día están recibiendo alrededor de 30 personas, de los cuales el 80% son de Michoacán y Guerrero, estados ubicados entre los diez con más homicidios en México: 887 y mil 302, respectivamente, cifras recopiladas hasta el cierre del mes de agosto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Gutiérrez Pérez, titular de Semigrante, asegura que si bien en Michoacán “no está totalmente resuelto el problema de la inseguridad, hay un avance tangible” que pretende incrementarse con la puesta en marcha del despliegue “Operación Limpieza”, que inició en julio pasado.

Operativo en el que participan más de mil elementos federales y estatales para reforzar los municipios de Apatzingán, Buenavista, Gabriel Zamora, Múgica, Nuevo Urecho, Parácuaro, Tepalcatepec, entre otros, comunidades de la Tierra Caliente donde el terror asola y la sangre inunda sus caminos y veredas.

La Tierra Caliente es una franja territorial conformada por 35 municipios de Michoacán, Estado de México y Guerrero, conocida así por ser prácticamente la zona más caliente del país con temperaturas de más de 50 grados centígrados en verano y 35 de invierno, y donde se produce la mayor producción y tráfico de goma de opio.

Los Caballeros Templarios, Los Viagras, La Familia Michoacana y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los cuatro grupos criminales identificados en la zona y quienes se disputan el poder territorial.

Familias descansando en la banqueta de la garita de El Chaparral.

Pero también son ellos quienes deciden “quién llega, quién permanece y quién debe retirarse de las administraciones municipales de gobierno”, como anotan los reporteros Ruth Barrios Fuentes y Antimio Cruz en su reportaje “Nadie quiere gobernar Tierra Caliente”.

Situación que contribuye a que en esta región no exista la ley, lo cual trasciende y permea entre la ciudadanía, que desprotegida, queda en manos del crimen organizado, quienes “resuelven los conflictos a base de balas y muerte”, como suelen referirse los migrantes, razón por la cual están saliendo con destino a Tijuana.